
En un reciente Live transmitido con el periodista Miguel Ángel Rodríguez, el abogado de inmigración Javier Montano Miranda, director de Montano Miranda Law, analizó las preocupaciones crecientes sobre el debido proceso en Estados Unidos y su impacto directo en solicitantes de asilo, especialmente venezolanos.
Durante la conversación se abordaron cambios administrativos, despidos de jueces de inmigración, aceleración de los tiempos en corte y la importancia de mantener los casos de asilo debidamente actualizados en un contexto político y migratorio cada vez más complejo.
A continuación, compartimos los puntos más relevantes de esta entrevista.
¿Por qué es tan importante actualizar un caso de asilo antes de la entrevista?
Javier Montano Miranda:
Actualizar un caso de asilo no es una recomendación, es una necesidad. La actualización debe hacerse antes de la entrevista, nunca el mismo día. Si una persona presenta información nueva durante la cita, lo más probable es que el oficial reprograme el caso, lo que puede significar perder una entrevista esperada durante años.
Actualizar implica incorporar cambios en la situación del país —como nuevos decretos o contextos políticos— y también cambios personales: matrimonio, hijos, actividad política, redes sociales o dirección.
¿Qué está ocurriendo actualmente con el debido proceso en las cortes de inmigración?
Javier Montano Miranda:
Estamos viendo una erosión preocupante del debido proceso. El debido proceso es una protección constitucional básica que garantiza que una persona pueda saber de qué se le acusa y tenga una oportunidad real de defenderse. Lamentablemente, esta administración ha tomado acciones que limitan esa oportunidad, especialmente dentro de las cortes de inmigración.
¿Qué impacto tiene el despido de jueces de inmigración?
Javier Montano Miranda:
En 2025 se despidieron más de 100 jueces de inmigración con décadas de experiencia. Esto es grave porque genera presión sobre los jueces restantes, quienes ahora parecen obligados a priorizar directrices administrativas por encima de criterios jurídicos. La justicia no puede sustituirse por velocidad ni por ideología.
¿Cómo afectan los nuevos plazos impuestos a los jueces?
Javier Montano Miranda:
Ahora se espera que los jueces resuelvan casos en 180 días y que las apelaciones se decidan en 90 días. El problema es que muchos casos de asilo requieren tiempo para reunir pruebas, testigos o recursos económicos para contratar representación legal. Acelerar estos procesos inevitablemente afecta la equidad y aumenta el riesgo de deportaciones injustas.
¿Qué está pasando con las apelaciones migratorias?
Javier Montano Miranda:
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) fue reducida de 28 a 15 miembros. Esto significa menos jueces para una cantidad enorme de casos pendientes. El resultado será más retrasos y menos oportunidades reales para que los inmigrantes puedan apelar decisiones erróneas.
¿Esto afecta solo a personas sin estatus legal?
Javier Montano Miranda:
No. El debido proceso aplica a todas las personas dentro de Estados Unidos, ciudadanos y no ciudadanos. La Cuarta, Quinta y Decimocuarta Enmienda protegen a todos. Cuando se vulneran estos principios con inmigrantes, se abre la puerta para que también se vulneren con ciudadanos.
¿Qué recomendaciones le da a la comunidad inmigrante?
Javier Montano Miranda:
Primero, mantenerse informados. Segundo, actualizar sus casos de asilo de manera oportuna. Y tercero, buscar asesoría legal antes de que surjan problemas. En el contexto actual, la preparación legal y la información confiable son herramientas esenciales de protección.